a propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha encallado en el Congreso de los Diputados tras el anuncio de Junts per Catalunya de mantener su rechazo al proyecto. La decisión supone un duro golpe político para el Gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que había convertido la reforma en una de las banderas de su agenda social.
Una promesa estrella del Ejecutivo
El Ejecutivo defendía que la medida suponía un paso adelante en derechos laborales, acercando a España a los estándares europeos. La reducción de jornada se planteaba sin merma salarial, con el objetivo de mejorar la conciliación familiar, la productividad y la salud de los trabajadores.
Con el rechazo de Junts, la iniciativa carece de los apoyos parlamentarios necesarios para salir adelante. La votación, prevista esta misma semana, apunta a un desenlace desfavorable para el Gobierno, que ve cómo uno de sus compromisos más emblemáticos queda bloqueado.
Movilización sindical
El movimiento sindical ha reaccionado con rapidez. CCOO y UGT han advertido de que no permitirán un retroceso en materia laboral y ya preparan movilizaciones para exigir que la reducción de jornada se materialice por otra vía. Según sus portavoces, el fracaso parlamentario no puede convertirse en una excusa para frenar avances que consideran “imprescindibles” para el bienestar de la clase trabajadora.
Un escenario incierto
La caída de la reforma abre un escenario político complejo. Por un lado, Sumar queda debilitado en su capacidad de marcar la agenda social. Por otro, el Gobierno pierde margen de maniobra en un contexto ya tensionado por la crisis diplomática con Israel y las dificultades para mantener la cohesión parlamentaria.
De momento, el Ejecutivo insiste en que seguirá buscando acuerdos de última hora, aunque la posición firme de Junts complica cualquier desenlace favorable. Si no se logra un pacto en los próximos días, la jornada de 37,5 horas podría quedar en suspenso indefinidamente.
Lo que iba a ser un avance significativo para millones de trabajadores se convierte, de momento, en un nuevo desencuentro político que refleja la fragilidad del Gobierno y la dificultad de sacar adelante reformas clave en un Parlamento muy fragmentado.
