Galmés reclama soluciones urgentes y pide la dimisión del delegado del Gobierno
El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciado que las principales carreteras de la isla han sido desembozadas tras meses de trabajos para mejorar la movilidad y reducir los riesgos en los accesos a Palma. El dirigente popular subrayó que esta actuación responde a una demanda social histórica, ya que más del 80 % de los problemas de tráfico en la capital tienen su origen en la saturación de estos accesos.
Galmés insistió en que es necesario acelerar la tramitación de la nueva normativa de circulación en el Parlament, prevista para aprobarse en septiembre, con el objetivo de ordenar mejor el tránsito y aliviar la presión diaria en las vías principales de la isla.
Un sistema de acogida al límite
Más allá de las infraestructuras, el responsable insular cargó contra el Gobierno central por la situación de los menores migrantes no acompañados, cuya llegada a las Baleares se ha disparado en los últimos meses. Solo en agosto, el Consell registró la llegada de 36 menores en quince días, superando la cifra de todo el mismo mes del año anterior.
Actualmente, el sistema de acogida se encuentra al borde del colapso, con una ocupación que, según el propio Consell, sobrepasa con creces su capacidad. Desde marzo, Baleares acoge 226 menores más de los que le corresponderían por reparto estatal. Galmés recalcó que la isla “no puede asumir más traslados” desde otras comunidades autónomas y rechazó categóricamente el plan de distribución impuesto por el Gobierno.
Petición de dimisión y recurso legal
En este contexto, Galmés solicitó la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, al que acusa de una gestión “nefasta” de la crisis migratoria y de falta de diálogo con las instituciones insulares.
El Govern balear y los consells insulares han decidido además recurrir el Real Decreto estatal sobre la acogida de menores migrantes, solicitando al mismo tiempo la suspensión cautelar del reparto que obliga a las islas a asumir más plazas.
Por su parte, Rodríguez respondió que Baleares no cumple los criterios estatales para declarar la contingencia migratoria, que exigen una saturación tres veces superior a la capacidad oficial. Según datos de Delegación, actualmente hay 680 menores tutelados frente a una capacidad reconocida de 406 plazas. Además, el Ejecutivo central ha destinado 6,7 millones de euros para reforzar infraestructuras de acogida y vigilancia marítima, e incluso ha habilitado hoteles como recursos de emergencia.
Una doble presión para Baleares
La situación refleja la doble presión que atraviesa la comunidad: por un lado, las carreteras saturadas y la necesidad de nuevas normativas de movilidad; por otro, la crisis migratoria que mantiene enfrentados al Consell y al Gobierno central.
Mientras Galmés reclama soluciones inmediatas y rechaza más traslados de menores, el Ejecutivo insiste en la cooperación institucional y recuerda que ha reforzado con fondos y medios la respuesta en el archipiélago.
