La deuda pública española ha vuelto a romper su propio techo y ya supone el 109,2% del PIB, es decir, más de 1,65 billones de euros. Es una cifra difícil de imaginar, pero para entenderla basta un dato: solo en intereses este año el Estado pagará 36.000 millones de euros, el equivalente a casi todo el presupuesto de educación.
El Banco de España explica que el aumento responde a la combinación de viejas facturas y nuevas urgencias. Aún pesa la herencia de la pandemia y de la crisis energética, que dispararon el gasto en ayudas, pero también influyen las inversiones adelantadas con cargo a los fondos europeos y el encarecimiento de la financiación tras la subida de tipos del Banco Central Europeo.
El Gobierno se defiende. Asegura que el endeudamiento ha servido para sostener el empleo y financiar la transición verde y digital. La oposición, en cambio, acusa al Ejecutivo de hipotecar el futuro del país y de gastar sin un plan claro para reducir el déficit. Entre tanto, Europa mira de reojo: España está lejos de los extremos de Grecia o Italia, pero también muy por encima de Alemania o Países Bajos.
Los economistas coinciden en que la deuda es sostenible a corto plazo, porque los mercados todavía confían en España. Pero avisan: la confianza no es infinita. Si los tipos de interés se mantienen altos o la economía se frena, esa mochila puede convertirse en un peso insoportable.
El futuro dependerá de si el crecimiento aguanta por encima del 2% y de si la inflación se contiene. Si se cumplen ambas condiciones, la ratio de deuda podría empezar a bajar poco a poco en 2026. Si no, el país seguirá caminando sobre una cuerda floja.
