En el Congreso de los Diputados de España cayó esta semana una iniciativa clave del Ministerio de Trabajo que pretendía reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. La propuesta, impulsada por la ministra Yolanda Díaz en colaboración con los sindicatos mayoritarios, buscaba rebajar media hora diaria de trabajo para mejorar la calidad de vida de los empleados. Sin embargo, la idea fue rechazada cuando partidos de la oposición — el PP (Partido Popular), Vox y la formación catalana Junts — unieron sus votos para tumbar la iniciativa con una ajustada mayoría de 178 frente a 170.
La derrota supone un golpe importante para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que gobierna en minoría y apuesta por reformas laborales como esta para cumplir compromisos sociales. Díaz tachó el rechazo de “incomprensible” y adelantó que volverá a presentar la medida, insistiendo en que una reducción de la jornada puede redundar en mayor bienestar, mejor distribución del trabajo y aumento de productividad. Los críticos, en cambio, advierten que una modificación de este tipo puede elevar los costes salariales para las pequeñas empresas y agricultores, quienes dicen que no tienen margen para absorber mayores cargas sin perjudicar su viabilidad.
Este debate no solo revela tensiones políticas dentro del propio bloque socialista y sus aliados, sino también los límites prácticos de gobernar sin mayoría propia. Además, el rechazo hace más complicada la aprobación de otros proyectos emblemáticos que el gobierno tiene pendientes, entre ellos el presupuesto nacional, donde también necesita apoyos externos. Algunos analistas señalan que esta derrota podría debilitar la imagen de liderazgo de Yolanda Díaz y aumentar la presión interna sobre el gobierno para negociar con más flexibilidad en futuras reformas.
La reacción social ha sido inmediata: trabajadores y sindicatos lamentan que una reforma que consideraban justa haya sido paralizada, mientras que sectores empresariales advierten de los riesgos económicos. Se espera que, en los próximos días, el gobierno busque nuevas vías para reintroducir la propuesta o pactar una versión revisada de la misma, que sea más aceptable para los partidos de la oposición.
