El nuevo Plan Hidrológico del Segura ha introducido una serie de medidas que están generando preocupación en el sector agrícola del sureste peninsular. Entre ellas destacan dos decisiones clave: la prohibición del uso de aguas subterráneas en varias zonas y la reducción del 50 % del trasvase Tajo-Segura, fuente vital de abastecimiento para regadíos en Murcia, Alicante y Almería.
Según un estudio de la Universidad de Alicante, estas restricciones tendrían consecuencias de gran calado en la economía agraria regional. El informe señala que la reducción de recursos hídricos podría traducirse en la pérdida de 28.702 hectáreas de regadío, lo que representa un 16,5 % del total cultivado actualmente.
Las implicaciones económicas no son menores. La misma investigación estima que los daños alcanzarían los 680 millones de euros anuales, una cifra que refleja no solo la pérdida directa en producción agrícola, sino también el impacto indirecto en sectores asociados como el transporte, la distribución y la industria agroalimentaria.
Uno de los puntos más sensibles del estudio se refiere al empleo. El recorte de superficie cultivable y la reducción de la producción agrícola supondrían, de acuerdo con el análisis, la desaparición de más de 20.500 puestos de trabajo, una cifra que golpea de lleno a un mercado laboral ya tensionado en muchas de estas zonas rurales.
El Gobierno central y las autoridades autonómicas defienden que las medidas responden a la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos, en un contexto marcado por la sobreexplotación de acuíferos y el impacto del cambio climático, que reduce la disponibilidad de agua en la cuenca del Tajo. Desde este prisma, sostienen que los ajustes son inevitables para asegurar el futuro del sistema y evitar un deterioro irreversible.
Por su parte, organizaciones agrarias y sindicatos de regantes denuncian que el plan se ha diseñado sin tener en cuenta la realidad productiva de las regiones afectadas. Alegan que el recorte pone en riesgo cultivos estratégicos como frutas, hortalizas y cítricos, que no solo abastecen al mercado nacional, sino que son uno de los principales motores de exportación del sector primario en España.
El debate sobre el trasvase Tajo-Segura no es nuevo, pero este último plan ha reavivado con fuerza las tensiones históricas entre territorios, agricultores y autoridades. Mientras se multiplican las protestas en el sureste, la cuestión del agua vuelve a situarse en el centro de la agenda política y social, como uno de los desafíos más complejos a los que se enfrenta el país en materia de gestión de recursos naturales.
