El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha destapado uno de los mayores episodios de contaminación por purines en la Comunidad Valenciana. La investigación apunta al propietario de una explotación porcina en La Vilavella (Castellón), acusado de verter de manera reiterada cerca de 5,4 millones de litros de residuos ganaderos entre los años 2022 y 2024.
Según los informes preliminares, el ganadero aprovechaba los episodios de lluvia intensa para diluir los purines y desviarlos de forma encubierta hacia terrenos forestales y ramblas, que terminan desembocando en zonas naturales catalogadas como sensibles y protegidas. El objetivo de esta práctica, según los investigadores, era evitar los costes de gestión adecuados que exige la normativa ambiental.
Los análisis realizados en las áreas afectadas muestran una alta concentración de nitratos y materia orgánica, compuestos que suponen un riesgo directo para los acuíferos y que, además, alteran el equilibrio de los ecosistemas. Expertos consultados señalan que estos vertidos pueden provocar fenómenos de eutrofización, es decir, un exceso de nutrientes que favorece el crecimiento descontrolado de algas y la consiguiente reducción de oxígeno en el agua, poniendo en peligro la flora y fauna local.
Las consecuencias, de confirmarse la magnitud de lo ocurrido, podrían ser graves y duraderas. No solo por el daño directo a los suelos y cauces hídricos, sino también por el impacto acumulativo en los sistemas de agua subterránea que abastecen a poblaciones cercanas. El SEPRONA mantiene abierta la investigación y no descarta que los hechos puedan derivar en responsabilidad penal y administrativa, dado que la normativa vigente prohíbe expresamente este tipo de vertidos en espacios naturales.
Organizaciones ecologistas de Castellón ya han reclamado medidas ejemplares. Señalan que este caso es un ejemplo más de la dificultad para controlar la contaminación difusa derivada de la ganadería intensiva y subrayan la necesidad de reforzar tanto las inspecciones como las sanciones. Al mismo tiempo, advierten que el problema trasciende lo local y afecta a gran parte del país, donde los nitratos de origen agrícola y ganadero representan uno de los principales factores de degradación ambiental.
Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades autonómicas han confirmado que estudian un plan de seguimiento de las aguas y del suelo en la zona afectada, con el fin de evaluar la extensión real de la contaminación y definir posibles acciones de restauración ecológica.
